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Incentivos fiscales: corrupción y falsas promesas

Incentivos fiscales: corrupción y falsas promesas

Más allá de crear una “competencia a la baja” entre países para ver quién lograr atraer más inversión privada extranjera, las excenciones tributarias no dan los resultados que sus promotores ofrecen; pues los países que las han aplicado no han aumentado la tasa de empleo ni tampoco se han vuelto más competitivos. Al final, parece demostrarse que estos mecanismos solo favorecen a los privados y a los corruptos que los avalan.

Rodolfo Bejarano *

L os incentivos a la inversión privada han sido utilizados como parte de la receta neoliberal desde los años 90 bajo la premisa de que eran necesarios implementarlos para poder atraer a los inversionistas, en gran parte extranjeros, y así generar riqueza y fuentes de trabajo. Sin embargo, estas ventajas de las cuales gozaban -y siguen gozando- muchas inversiones, han devenido en factores de desigualdad de nuestras sociedades al convertirse en privilegios para algunos pocos que luego se traducen en un sacrifico fiscal para los estados, en contraposición de las grandes mayorías que tienen que soportar la carga tributaria.

La relación Estado-sociedad se va debilitando cada vez más al observar un número creciente de ciudadanos indignados que ven cómo las grandes empresas son beneficiadas, mientras que ellos deben cargar con el cumplimiento puntual del pago de sus impuestos, instaurándose el pensamiento colectivo de que “si ellos no pagan, por qué yo debo hacerlo”. Además en un contexto de corrupción generalizada, muy común en muchos de nuestros países, se instala la percepción de que el aporte tributario que realizan los contribuyentes es plata perdida o desviada hacia intereses individuales. Todo ello resulta en un comportamiento que tiende a llevar a la decisión de los agentes al no pago de impuestos o al deterioro de lo que algunos autores llaman la “moral tributaria”.

El círculo vicioso se cierra cuando el Estado no logra contar con los recursos necesarios para proteger los intereses públicos, así como para implementar reformas que permitan luchar contra la corrupción y evitar el conflicto de intereses. Entonces, se configura una situación en la que se justifica implementar reformas para promover las inversiones foráneas a como dé lugar y sin ninguna planificación, digna de una “república bananera”.

Mucho se ha estudiado sobre los incentivos fiscales y sus consecuencias en términos tributarios, directamente relacionado a la “carrera a la baja” en la que se enfrascan los países con el objetivo de atraer a los inversionistas. Un reciente informe de Oxfam[1] refiere un cálculo en que los países en desarrollo pierden unos 138 mil millones de dólares a causa del otorgamiento de incentivos fiscales a las grandes empresas. Lo peor de todo es que este sacrificio fiscal no está compensado con la mejora de otros aspectos que deberían estar atados a la inversión realizada, quizás porque los esfuerzos no necesariamente están dirigidos a los sectores más dinámicos de las economías. Indicadores sociales como el desempleo, la pobreza y la desigualdad no han tenido grandes mejoras en nuestra región luego de más de tres décadas de aplicación de las reformas neoliberales.

De otro lado, también está bastante documentado el hecho de que para los inversionistas, los factores a tomar en cuenta para optar por invertir en un país, tienen que ver con la infraestructura, la calificación de la mano de obra, la estabilidad política, entre otros; siendo los incentivos fiscales uno de los elementos menos relevantes.

[quote align=”left” color=”#000000″]Los indicadores sociales como el desempleo, la pobreza y la desigualdad no han tenido grandes mejoras en nuestra región luego de más de tres décadas de aplicación de las reformas neoliberales.[/quote]

Entonces, sabiendo que el otorgamiento de incentivos no constituye un factor determinante para los agentes económicos a la hora de decidirse a invertir, ¿es necesario seguir aplicando este tipo de políticas en nuestros países solo con la finalidad de traer inversión y a costa de las mayorías?

La respuesta debería ser NO, pero hay otros aspectos que no necesariamente son visibles dentro de un enfoque más efectista de las inversiones, y que están conectados estrechamente con la manera en que son manejadas las relaciones entre la inversión privada y los gobiernos de turno.

¿Invitación a la corrupción?

No se trata solo de pérdida de recursos por la renuncia al cobro de ciertos impuestos, sino que además, por medio de los acuerdos establecidos, se abren grandes posibilidades para la corrupción de funcionarios y pago de sobornos. La promoción de inversiones dentro del esquema de apertura de las economías muchas veces incorpora la firma de contratos de estabilidad jurídica que le otorga a las empresas no solo el beneficio de no pagar ciertos impuestos, sino que les da la posibilidad de realizar remesas de dinero de forma libre y con nada o poco control al salir o entrar de las fronteras del país donde operan.

Existen infinidad de ejemplos en diversos países de cómo las normativas que conforman el marco legal para las inversiones se van adecuando a las necesidades de los capitales, dando como resultado leyes y directivas que son formuladas o modificadas para beneficiar a ciertos sectores, e incluso a empresas con nombre propio, a través de lobbies empresariales por lo bajo, el uso recurrente de la puerta giratoria o el financiamiento directo de las campañas electorales a candidatos que luego tienen que devolver favores.

El caso más saltante de los últimos tiempos de esta práctica sistemática en la región latinoamericana es la megacorrupción que involucra a los cuantiosos pagos de sobornos a funcionarios por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Son 735 millones de dólares los que fueron destinados a asegurar las licitaciones de obras para la constructora en 10 países de la región los que han ido a parar a manos de funcionarios, incluidos ministros y presidentes, que tenían el poder de decisión para favorecer a la empresa.

Gran parte de ese dinero sucio ha salido de las fronteras de los países para ser escondido o lavado en paraísos fiscales, aportando de forma importante a las estadísticas de los Flujos Financieros Ilícitos que van creciendo cada año, socavando nuestras bases tributarias, y movidos por intermedio de operaciones financieras y comerciales entre personas y empresas con la ayuda de la banca y el uso de cuentas offshore.

El ocultamiento de la información corporativa y el secreto bancario no permite conocer quién o quiénes están detrás de estas operaciones, por lo que se les hace fácil a los funcionarios corruptos poder recibir sobornos y esconderlos en sus guaridas. De aquí la importancia de iniciativas como la del gobierno de Ecuador para prohibir que los servidores públicos tengan algún tipo de vínculo con los considerados paraísos fiscales, reduciendo de esa forma las posibilidades de que alguna empresa encuentre los canales para hacerse de proyectos a través de la intervención de funcionarios que quieren lucrar con su posición privilegiada.

[quote align=”right” color=”#000000″]La carrera a la baja debe atacarse con la coordinación de políticas fiscales entre países, estableciendo reglas claras al momento de querer aplicar una medida de promoción de la inversión que pueda afectar al país vecino.[/quote]

La transparencia debe estar presente en todos los aspectos, tanto a nivel corporativo como personal, para poder conocer a los que se benefician en última instancia de las cuentas y empresas que se crean en jurisdicciones opacas. Los registros públicos de beneficiarios finales y los reportes país por país son elementales para poder luchar contra la corrupción y el fraude tributario, implementándose complementariamente con el intercambio de información tributaria que debe de hacerse de forma automática entre las autoridades fiscales de los países.

Con mayor razón la transparencia debe estar presente cuando estamos hablando de sectores vinculados a la extracción de recursos y aquellos promovidos para atraer la inversión extranjera, caracterizados por tener un alto componente de comercio exterior, una fuerte presencia de empresas transnacionales y con grandes volúmenes de inversión manejados. Estas inversiones frecuentemente usan como vehículos a empresas constituidas en guaridas fiscales a través de las cuales es posible manipular los precios de los bienes transados, comprando a menor valor las exportaciones de los países de origen (subfacturación) y vendiendo a mayor precio a los países compradores (sobrefacturación). La CEPAL[2] ha calculado recientemente la salida de flujos de capital ilícito de América Latina y el Caribe, solo los relacionados a la manipulación de precios del comercio internacional, en unos 765 mil millones de dólares para el periodo que va del 2004 al 2013. Según las estimaciones, el promedio de crecimiento anual ha sido del orden del 9%, representando el 1.8% del PIB regional en promedio.

Un marco normativo de inversiones adecuado debería incorporar necesariamente el control de las operaciones financieras y comerciales de las empresas con sus vinculadas en jurisdicciones consideradas paraísos, así como el sustento de la política de otorgamiento de incentivos y la revisión periódica de los resultados de dichos incentivos en términos de logro de ciertos objetivos planteados con anterioridad. Junto con ello, la publicación de los contratos que firman los estados y las empresas y la exigencia de estudios técnicos rigurosos son básicos para conocer las condiciones en las cuales está entrando la inversión y cuáles son los beneficios para los estados de otorgar o no algún incentivo tributario al sector privado.

La carrera a la baja debe atacarse con la coordinación de políticas fiscales entre países, estableciendo reglas claras al momento de querer aplicar una medida de promoción de la inversión que pueda afectar al país vecino. Para el caso de América Latina, no solo deben establecerse regímenes fiscales similares en países de la región, con niveles cercanos de tasas de tributación a imponerse a las empresas y personas, sino que además debe existir una voluntad de cooperación para que los estados tomen en cuenta requisitos mínimos para una inversión; por ejemplo, no firmar contratos de concesión con empresas establecidas en paraísos fiscales o excluir de las listas de contratistas con el estado a empresas vinculadas con el mundo offshore.

Las organizaciones sociales y la ciudadanía en general tienen el deber de estar alertas a la política de atracción de inversiones implementadas por los estados, así como el derecho de participar en la definición de medidas y regulación relacionadas a las inversiones y de ese modo contribuir en lograr cambios de políticas en materia de incentivos de modo que estos sean otorgados bajo ciertas condiciones que resulten en beneficio de la sociedad.

[1] OXFAM – Guerras fiscales: La carrera a la baja en la fiscalidad empresarial (2016).

[2]CEPAL – Serie Macroeconomía del Desarrollo N° 183 – “Flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe” (2017).

* Rodolfo Bejarano es economista peruano y coordinador del área de Investigaciones de Latindadd.

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