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Nicaragua: analizan exenciones fiscales a la minería

Nicaragua: analizan exenciones fiscales a la minería

Las viejas recetas del Banco Mundial, que países como Perú, Colombia y Ecuador aplicaron en los 90 e inicios del 2000 para atraer la inversión privada (excenciones fiscales, básicamente) hoy tienen su eco en Nicaragua, donde la actividad extractiva de minerales goza de beneficios fiscales, pero que no impacta positivamente sobre la economía del país centroamericano, pues la promesa de generación de empleo y crecimiento sólo se queda en palabras al aire, como lo demuestra el estudio del IEEP.

E l Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua, miembro de la Red de Justicia Fiscal LAC, acaba de publicar el estudio “La Minería industrial en Nicaragua: una mirada desde la óptica fiscal” donde analiza las obligaciones y beneficios fiscales de la industria minera y el grado de cumplimiento de las compañías mineras en el pago de sus impuestos. También, se centra en examinar el uso de los ingresos fiscales mineros que mediante transferencias del Gobierno Central reciben los municipios mineros del país, desde el abordaje a tres casos particulares.

Descargue el estudio desde este link

Para llevar a cabo la investigación, el equipo de IEEPP revisó las políticas de fomento de la minería, los indicadores económicos del sector minero y de estudios nacionales e internacionales previos y especializados en la materia, para así determinar la importancia de este sector en la economía nacional. También realizaron una caracterización tributaria del sector minero mediante el análisis de la legislación nacional vigente y las estadísticas fiscales disponibles. Este documento también implicó las visitas de reconocimiento in situ de las operaciones mineras de las principales compañías en Nicaragua, obteniéndose información primaria de cómo las empresas organizan la producción minera y cómo gestionan sus relaciones con las comunidades y el medioambiente.

Otro elemento de la investigación fueron la realización de entrevistas individuales y grupales in situ con miembros de organizaciones y movimientos sociales, funcionarios de Gobiernos Municipales y representantes de las compañías mineras. En total se efectuaron 17 entrevistas individuales y seis grupales, en estas últimas se logró la participación de 45 personas, entre ellas, 28 miembros de movimientos sociales de Santo Domingo, Rancho Grande y cooperativas de pequeños mineros en Bonanza.

El presente informe detalla que “pese a que la minería metálica es un sector poco conectado con el resto de la economía nicaragüense, el Gobierno actual mantiene una política agresiva de fomento a las inversiones mineras en el país, heredera de la estrategia minera recomendada por el Banco Mundial a los países de América Latina y el Caribe (ALC) en los años noventa e implementada por los gobiernos liberales”.

Esta aplicación de las llamadas políticas neoliberales ha traído como resultados que la frontera minera en Nicaragua haya crecido 10 por ciento en la última década; la producción de oro y plata experimentaron incrementos de entre 135 y 755 por ciento; y el índice de atracción de inversiones 2015 del Instituto Fraser ubica a Nicaragua como el mejor país en Centroamérica para invertir en minería.

Otro de los hallazgos más relevantes del estudio del IEEPP es que a pesar de que la minería en Nicaragua ha registrado una bonanza en actividad y exportación esto no ha servido para la generación de empleos, pues el número de trabajadores ligados a esta actividad representan una proporción insignificante de los empleos formales. Y esta situación no mejorará, toda vez que los precios de los metales han caído a nivel global, y las estimaciones del Banco Mundial hablan de una tendencia a la baja.

Beneficios tributarios
Al igual que en el resto de países de América Latina que durante los 90 e inicios del 2000 promovieron la inversión privada en minería, Nicaragua también ha dado excenciones fiscales a las grandes compañ{ías extractivas. De acuerdo al estudio, el sector minero tiene a su favor 11 leyes y reglamentos que norman la actividad y establecen los incentivos sobre los que opera la industria. Este marco normativo contiene un amplio abanico de beneficios fiscales (principalmente escudos fiscales) para las empresas mineras radicadas en Nicaragua, algunos enfocados en atraer inversión extranjera directa y el resto corresponden a una serie de beneficios diseñados para otros sectores (forestal, por ejemplo) a partir de los cuales la industria minera puede obtener otras ventajas económicas:

Entre los principales beneficios fiscales destacan: deducción para fines de cálculo del Impuesto sobre la Renta (IR) de las regalías o derecho de extracción (artículo 72, Ley 387); deducción del 50 por ciento del valor invertido en plantaciones 9 Una mirada desde la óptica fiscal forestales para fines del IR (artículo 283, inciso 3, Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, LCT); reducción en los aranceles del registro público de la propiedad para la inscripción de concesiones mineras (reforma al Decreto 14-2009, Ley 920) con su correspondiente afectación sobre las finanzas de los municipios; exoneración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los titulares de concesiones mineras (artículo 73, Ley 387); posibilidad de que las compañías beneficiarias de concesiones mineras puedan acogerse al “Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones”, que permite la exención o suspensión de los impuestos aduaneros de importación para los materiales, maquinarias e instrumentos útiles (ídem., Ley 387); y exoneración del pago de los siguientes derechos e impuestos: Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) [(artículo 25, reglamento Ley 387)].

Por su parte, las obligaciones fiscales de las empresas mineras son mínimas, a pesar de su tecnificación, el impacto que genera esta actividad al medioambiente y la importancia de los recursos nacionales que son explotados. Los principales tributos a los que están obligadas las compañías mineras son:

1) Derecho de Vigencia o Superficiales, el que establece un pago progresivo de 0.25 dólares por hectárea desde el primer año de concesión hasta 12 dólares por hectárea en el décimo año (artículo 70, Ley 387). Las estadísticas oficiales muestran un repunte en la recaudación de este tributo, asociado al incremento en la cantidad de las concesiones mineras otorgadas.

2) Derecho sobre Explotación o Regalía, que establece una alícuota específica del tres por ciento sobre el valor de venta de las sustancias extraídas, reflejado en la factura de exportación (artículo 83, Ley 387). En sintonía con los niveles de producción de oro y plata exportada, la recaudación de las regalías mineras experimentó un repunte a partir del 2011. Su grado de cumplimiento, sin embargo, ha sido variable, mostrando un nivel de sobrecumplimiento en 2004; 2005; 2006 y 2008. En 2010 se observa un marcado nivel de incumplimiento y en los posteriores años niveles adecuados de cumplimiento en el pago de las regalías mineras. 3) Impuesto sobre la Renta: al igual que el resto de sectores, las compañías mineras están sujetas al pago, declaración y liquidación del IR, el que establece una alícuota del 30 por ciento sobre las utilidades. El pico de recaudación de este impuesto procedente del sector minero se alcanzó en 2013, con un IR equivalente a 24.2 millones de dólares.