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Un registro para conocerlos a todos

Un registro para conocerlos a todos

Recientemente en Buenos Aires se realizaron las terceras jornadas de “Registro público de beneficiarios finales y su vinculación con el lavado de activos, la evasión fiscal y la corrupción”. Los objetivos de estas jornadas son vislumbrar a nivel nacional y regional el grado de articulación de los organismos de registro y de control. Saber si efectivamente se lleva adelante un trabajo organizado o si simplemente se está frente a una sumatoria de voluntades sin mucho futuro o peor, frente a un Estado que no da cuenta de la falta de sincronización entre sus dependencias.

Adrian Falco

Necesitamos conocer los nombres y apellidos de los verdaderos dueños de las empresas, de la tierra y de los recursos naturales. Por eso, desde hace tres años, las jornadas a las que convocamos desde la sociedad civil y con apoyo de organismos de gobierno buscan tratar de pensar cuál es la mejor estrategia para alcanzar el objetivo de contar con un registro unificado y de acceso público.

Un registro público de beneficiarios finales (BF) es una herramienta que transparenta las actividades comerciales de un sujeto ya que en última instancia es quien se beneficia ulteriormente de las operaciones de cualquier empresa, fideicomiso, etc. Es decir, que todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo podamos saber quiénes son, en definitiva, los dueños de la riqueza. Hoy, al indagar sobre este tema, desde la sociedad civil nos encontramos con “capas de cebolla”, detrás de cada empresa hay otra empresa y otra, y otra, etc.

Nunca se accede al beneficiario real por la simple razón de que está faltando un elemento clave. Cooperación entre países. Distinta seria la situación si Argentina tuviera un registro unificado de BF de todo el país y lo mismo existiese en Uruguay, Brasil, etc. De esta manera seria más fácil para todos los interesados conocer, quienes en última instancia, son los dueños finales.

Pero ¿de qué nos serviría contar con esta información? En primer lugar esta información nos podría advertir, luego del entrecruzamiento, si existe alguna persona que por alguna razón no está pagando los impuestos que corresponden en el país en donde ejerce su actividad. Es aquí cuando la cuestión se complejiza porque entra a jugar la red de guaridas fiscales que ofrecen secreto y confidencialidad a sus clientes. La ingeniera contable de los grandes evasores suelen utilizar esas pantallas como una serie de mamushkas, donde unas tapan a otros, para que no aparezca nunca el dueño real de la riqueza.

Tener la posibilidad de contar con esta información nos permitiría elaborar un mapa global corporativo de quienes son los dueños de los holdings, de los fideicomisos, de las corporaciones. Esto ayudaría a los países a construir una base fiscal unificada y no diversificada como existe actualmente y es lo que favorece esta deslocalización de los BF.

En los espacios multilaterales como OCDE, G-20 e incluso la UE, se están llevando adelanto procesos que incluyen recomendaciones al respecto. Es evidente a estas alturas que estos espacios reconocen que no contar con esos registros es un problema pero a la vista de los hechos nada parece avanzar, ninguna iniciativa levanta vuelo ni logra consenso mayoritario. Una de las razones se verifica en el sostenido y poderoso lobby de los, paradójicamente, beneficiarios de estas actividades oscuras. Los estudios de contadores y abogados que ofrecen servicios de banca off shore a sus clientes (private banking) para que mediante empresas fantasmas puedan esconder su identidad y su dinero. Mossack Fonseca fue el primer gran “facilitador” en asomar la cabeza al mundo luego de la filtración de los Papeles de Panamá. Pero existen cientos de estas firmas a nivel global situadas en los grandes centros del comercio mundial asesorando sobre la mejor forma de estar en las sombras.

¿Cuáles son entonces las posibilidades de que este registro público de BF sea una realidad y deje de ser un elemento de análisis permanente? Depende claramente de la voluntad política (real) y de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de instalar estos temas en la agenda pública con el apoyo de todos los sectores (OSC, Academia, Movimientos sociales, clase dirigente, etc.). Mientras no se tomen acciones punitivas frente a las empresas que tengan filiales en una guarida fiscal y que no reporte actividad comercial real, por ejemplo, será muy difícil avanzar en alguna dirección y el secreto y la opacidad seguirán siendo el mejor lugar para los evasores. Necesitamos que los Estados mediante sus gobiernos asuman un fuerte rol en esta lucha.

* Adrian Falco, Argentina. Coordinador del programa FFI en Fundación SES 

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