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La coherencia del FMI

La coherencia del FMI

Con el estallido de la crisis internacional en 2008 el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasó de discutir un ajuste interno ante la escasa demanda de sus servicios y los problemas financieros que atravesaba a convertirse en el encargado de monitorear la situación de la economía global y diseñar programas de rescate para los países en aprietos.

Tomás Lukin *

La crisis que el FMI fue incapaz de anticipar devolvió al organismo multilateral de crédito al centro de la escena económica mundial. En el plano discursivo la revitalización estuvo acompañada por un incipiente y pragmático alejamiento de la tradición neoliberal que caracterizó el accionar del Fondo desde su creación en 1944. Tenía sentido. Necesitaba recomponer su esmerilada legitimidad por el papel desempeñado en las crisis asiática, rusa y argentina.

Existieron, al menos, tres elementos que forzaron los cambios en el contenido de documentos oficiales y en las intervenciones públicas de sus directivos: el proceso de expansión sostenida experimentado por un grupo significativo de países en desarrollo entre los cuales figuran los latinoamericanos; la consecuente ampliación en el margen de maniobra de esas economías para hacer frente a los coletazos de la crisis sin recurrir al financiamiento externo y sus condicionalidades; y, el evidente colapso de los modelos económicos impulsados desde el establishment financiero. Sorprendieron a propios y ajenos los documentos donde el Fondo recomendaba sostener la demanda interna con expansión del gasto público, enfatizaba la necesidad de preservar los puestos de trabajo mediante la activa intervención del Estado y hasta destacaba la relevancia de los controles de capitales (fundamentalmente a la entrada de capitales y, en menor medida, las herramientas para limitar la salida).

El cenit en aquel proceso de cambios discursivos y académicos llegó con la edición de junio de 2016 de Finanzas & Desarrollo, una publicación oficial del organismo multilateral de crédito. La conclusión general del artículo titulado “El neoliberalismo: ¿un espejismo?” puede resumirse de la siguiente manera: La austeridad fiscal y la desregulación de los movimientos de capitales no ofrecen las bondades en materia de crecimiento proclamadas por la agenda ortodoxa sino que incrementan la desigualdad. La revelación estuvo a cargo de Jonathan Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri cuyas definiciones hubieran pasado por una tímida crítica sino fuera que se trata de miembros prominentes del staff del FMI. Aunque de tanto en tanto los documentos técnicos del organismo reconozcan los riesgos asociados a la austeridad fiscal y la liberalización de la cuenta capital, el incipiente y errático discurso “keynesiano” se desvaneció. “Ese artículo ha sido muy malinterpretado; no representa un cambio significativo en la estrategia del FMI”, explicó sin rodeos el Economista Jefe del organismo, Maurice Obstfeld, frente a las expectativas generadas por el texto. De hecho, si bien los autores se permiten algunos cuestionamientos quien lea todo el documento se encontrará con una reivindicación de los pilares de la agenda neoliberal como la desregulación, la apertura de los mercados y la reducción del papel del Estado en la economía.

La canción sigue siendo la misma
El FMI nunca cambió. La definición más contundente la ofreció el economista James K. Galbraith. Hijo de uno de los economistas más influyentes de Estados Unidos durante la posguerra, el profesor de la Universidad de Texas sentenció en 2009 que “el FMI se está comportando de manera esquizofrénica. Hay un cambio de discurso en las esferas directivas que es destacable, pero al momento de prestarles a los países en desarrollo continúa aplicando la misma vieja fórmula”. Una investigación realizada por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) reveló que 31 de los 41 créditos otorgados durante el momento más profundo de la última crisis internacional a economías de bajos ingresos incluyeron exigencias de políticas fiscales y/o monetarias procíclicas que exacerbaron las recesiones. Como se trataba de países como Burkina Faso, Jamaica, Pakistán, Ucrania, Nigeria y Lituania, no fue sino hasta la erupción de la crisis estructural de la Eurozona que se reveló la intacta voracidad del FMI. Las experiencias de Grecia y España son dos ejemplos de la vitalidad exhibida por los tradicionales lineamientos ortodoxos que guían las recomendaciones/exigencias de política del Fondo a la hora de actuar como prestamista de última instancia. El organismo que responde a los lineamientos del gobierno de Estados Unidos -tiene poder de veto en la mesa de decisiones- promovió para el “rescate” de esos países la las mismas recetas que guiaron la ruinosa orientación macroeconómica en América Latina durante las décadas del ochenta y noventa.

Hoy ninguno de las naciones sudamericanas mantiene un acuerdo stand-by u otra modalidad de financiamiento con el FMI que le imponga condicionalidades sobre sus políticas económicas. Hay dos situaciones particulares que, si bien no constituyen uno de esos créditos tradicionales, valen la pena mencionar. En primer lugar, el organismo le concedió en 2009 una Línea Flexible de Crédito (FCL) sin condiciones específicas a Colombia. La facilidad que sólo está disponible para países con un “historial de adopción de políticas macroeconómicas adecuadas” sigue vigente. El segundo caso es Ecuador que durante 2016 obtuvo una asistencia financiera de emergencia no condicionada (Instrumento de Financiamiento Rápido o RFI) para cubrir necesidades urgentes de balanza de pagos por los gastos extraordinarios de reconstrucción luego del terremoto que asoló a ese país. Pero salvo esas excepciones y, a pesar de las evidentes dificultades coyunturales y estructurales que exhiben los países de la región para sostener sus modelos económicos, ninguno recurrió al histórico prestamista de última instancia.

Que el organismo haya sido relegado no significa que sea inofensivo. “Como se proyecta que el crecimiento a mediano plazo seguirá siendo moderado y que el espacio fiscal será cada vez más escaso, los países tienen que acelerar la ejecución de las reformas estructurales, que son tan necesarias para alcanzar el objetivo”, reclamó el FMI en una de sus últimas publicaciones referidas a América Latina. Las denominadas “reformas estructurales” fueron a lo largo de los últimos cincuenta años el eufemismo utilizado por los organismos internacionales y los países desarrollados para sugerir la implementación de distintas políticas de ajuste fiscal, privatizaciones, apertura y desregulación. La experiencia histórica revela que esas políticas no promueven el desarrollo económico sino que tienen como finalidad garantizar el pago en tiempo y forma de los vencimientos de la deuda externa, maximizar las rentabilidad empresaria y facilitar la remisión de utilidades y dividendos de las multinacionales hacia sus casas matrices.

El ajuste permanente
Textos como el que fue publicado meses atrás en “Diálogo a fondo”, el blog oficial del FMI, constituyen una versión amigable de los informes técnicos publicados sobre cada país en el marco del Artículo IV de su Convenio Constitutivo. El acuerdo firmado en Bretton Woods en 1944 estableció que el FMI “supervisará el sistema monetario internacional a fin de asegurar su buen funcionamiento, y vigilará el cumplimiento por cada país miembro de sus obligaciones”. El documento seminal del organismo indica que “el Fondo ejercerá una firme supervisión de las políticas de tipos de cambio de los países miembros y adoptará principios específicos que sirvan de orientación a todos ellos con respecto a esas políticas”. Y, para garantizar el cumplimiento de esos objetivos se dispuso que “los países miembros proporcionen al Fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión”.

El objetivo originario de la supervisión anual realizada por el FMI era asegurar que cada miembro respetara el régimen cambiario fijado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero con el correr de los años su alcance se fue extendiendo a la política fiscal, monetaria, comercial y a las reformas estructurales. Tan relevante es la supervisión de los países miembro que el staff del Fondo destina 36 minutos de cada hora de trabajo a  tareas referidas a esos informes. Plagadas de tecnicismos, los documentos donde el FMI publica sus conclusiones del Artículo IV pueden ser tediosas pero son imprescindibles para comprender las pretensiones de Estados Unidos y el resto de los paísez centrales para el resto del mundo.

En el reporte para Grecia de 2007 se puede leer textualmente: “Es verosímil que el fuerte desempeño de la economía griega continúe en el futuro próximo”. A propósito del sistema bancario se afirma: “El sistema bancario griego sigue saludable, adecuadamente capitalizado y altamente rentable”. El economista italiano Roberto Lampa de la Universidad de San Martín se pregunta: “¿Que pudo haber justificado semejantes elogios a la vigilia de un crack abismal? Leyendo el documento no cabe la menor duda: el compromiso del entonces gobierno griego de ajustar el gasto fiscal y reformar las pensiones y el mercado de trabajo”.

En 2016 el FMI completó la auditoría del Artículo IV en nueve países sudamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador (2015), Paraguay, Perú y Uruguay. Quien realizó una lectura pormenorizada de los informes difundidos por el organismo fue el abogado Sebastián Soler. El artículo publicado en la Coyuntura & Desarrollo de FIDE revela una “similitud en el menú de políticas que recomienda adoptar a dichos países, desentendiéndose de los distintos grados de desarrollo, estructuras productivas, niveles de desigualdad y coyunturas económicas que los diferencian, en franca contradicción con las críticas realizadas por su propia Oficina de Evaluación Independiente en las auditorías internas comisionadas luego de los fracasos de supervisión del Fondo durante las crisis financieras de la Argentina (2001) y Europa (2010)”.

Las sugerencias desplegadas por el FMI en sus informes del Artículo IV se limitan, en lo formal, a sugerir medidas económicas sin imponer las condicionalidades característícas de los acuerdos de stand-by pero como advierte Soler “el límite entre las meras recomendaciones y las condiciones ineludibles se diluye inexorablemente a medida que crece la deuda de un país con el mercado de capitales, sobre todo si se emite principalmente en moneda extranjera y se coloca con acreedores privados que residen en el extranjero, como es el caso de la contraída por el Gobierno argentino en los últimos doce meses”.

Aunque en la actualidad ninguno de los países de la región exhiba una situación de crisis económica inminente y el contexto internacional garantice el acceso al crédito internacional, los riesgos asociados al FMI exceden a los programas de financiamiento condicionado. Los reclamos, advertencias, comentarios, sugerencias, visitas del Fondo tienen una fabulosa capacidad de disciplinamiento sobre las políticas económicas que pretenden desviarse del libreto oficial. Un latigazo del organismo no solo alimenta la aversión de los sectores dominantes locales sino que genera una respuesta inmediata del sector financiero internacional. Pero más allá de advertir sobre los conocidos riesgos que tiene acercarse al FMI para solicitar financiamiento de lo que se trata es de evitar son los ciclos de endeudamiento externo sin transformaciones de las estructuras productivas de los países que terminan allanando el camino para la implementación del recetario de políticas económicas que proponen de manera ininterrumpida los informes del Artículo IV: ajuste fiscal, recorte del empleo público, reformas de la seguridad social, flexibilización laboral y privatizaciones.

* Tomás Lukin es periodista argentino y trabaja actualmente en el diario Página12.

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