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“Odebrecht cuenta con un manual de ética”

“Odebrecht cuenta con un manual de ética”

Las oficinas del CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) están ubicadas en la zona conocida como Tribunales en el microcentro de la capital argentina. En un segundo piso de varios cuartos con pisos de madera y bibliotecas de mimbre atestadas de libros jurídicos, Agustín Carrara, Director Ejecutivo del CIPCE, y otros especialistas escudriñan diariamente los desafíos políticos y legales que implican delitos de guante blanco como el lavado de activos, corrupción empresaria y pública o fuga de divisas.

Emiliano Guido *

El CIPCE viene acumulando pensamiento propio en la materia desde la década de los ochenta. En ese sentido, por su experiencia y compromiso con los tópicos mencionados, las comisiones del Congreso que estudian y debaten el proyecto oficial de responsabilidad penal empresaria convocaron días atrás a Carrara para que diera su parecer al respecto. En diálogo con SES América Latina, el Director Ejecutivo de CIPCE replica lo que aseveró en el hemiciclo argentino: “El gobierno de Macri pretende condonar penas al sector privado por el sólo hecho de que las corporaciones presenten estándares de transparencia ya incorporados en su burocracia doméstica como un manual de ética. Además, el Ejecutivo tiene la intención de intervenir en casos de corrupción que han conminado la atención de la opinión pública, como la trama Odebrecht, y desplazar de su rol central en dichos asuntos a los organismos del Estado encargados de hacerlo como el Ministerio Público Fiscal”.

-En función de prevenir el avance de delitos económicos, ¿Dónde están localizadas las mayores zonas de riesgo para el interés público? ¿En el proceder sin control de los bancos o, por el contrario, en el propio diseño fallido de los organismos de control estatal?

-En principio, para nosotros la criminalidad económica juega tanto en el sector privado como en el sector público porque la acumulación ilegal de riqueza puede darse en los dos ámbitos. Por eso, ponemos nuestro radar de investigación en varios tipos delitos: desde el enriquecimiento ilícito perpetrado por un funcionario estatal hasta la elusión fiscal a gran escala que cometen los actores económicos concentrados con la ayuda y complicidad de las zonas offshore. Y en la cuestión de las guaridas fiscales se mezclan varios tipos de criminalidad económica: lavado de dinero, fuga de capitales; delitos que, además, tienen su origen, repito, tanto en la corrupción pública, privada o, incluso, en el accionar del crimen organizado, como los grupos narcos o aquellos que comercian con la trata de personas.

-¿Qué tipo de políticas públicas debería darse el Estado argentino para fortalecer su combate contra los delitos económicos?

-Por un lado, es clave el fortalecimiento en todo el sistema de prevención previsto en los organismos estatales de control. A saber, dotar de poder a la Unidad de Información Financiera (UIF) para prevenir el lavado de dinero; solventar al Banco Central para controlar los delitos bancarios; otorgar herramientas a la Inspección General de Justicia (IGJ) para supervisar a las sociedades anónimas. Además, es importante que estos organismos trabajen de forma coordinada y que, realmente, cuenten con una buena base de datos para resguardar los intereses del Estado y anticiparse a futuras maniobras delictivas.

En ese sentido, durante la actual gestión presidencial se tomaron decisiones que perjudican la autonomía de dichos organismos. Me refiero específicamente a la UIF, donde el gobierno puso como titular a un funcionario que proviene de gerenciar en bancos privados; lo que reditúa, naturalmente, en un fuerte conflicto de intereses desde nuestra perspectiva. Por eso, en su momento, nosotros impugnamos dicho nombramiento.

Después está el ámbito de la justicia penal. En ese segmento lo que nosotros planteamos es que, más allá de las herramientas nuevas que podemos darle a la Justicia, caso las leyes que se están debatiendo en el Congreso, como el proyecto de responsabilidad penal empresaria, para nosotros la prioridad pasa por generar un sistema de justicia que no demore años, como sucede ahora, en cumplir con sus investigaciones y dictar condena.

La prioridad, repito, para el Estado debería pasar por generar una justicia moderna, como tienen la mayoría de las provincias argentinas y varios países de América Latina, basada en lo que se llama sistema acusatorio. Y, además, proponemos que los operadores judiciales empiecen a implementar las herramientas que permiten recuperar el dinero y los activos públicos malversados, ya sea por un funcionario público o el sector privado. El Estado, en definitiva, tiene que procurar recuperar el dinero ilícito que le fue robado por corrupción, dádivas o elusión impositiva para que retorne a la ciudadanía en políticas públicas sólidas, ya sea en educación, salud, o vivienda.

-¿Cuál es la lectura del proyecto oficial de responsabilidad penal empresaria?

-El proyecto viene a cubrir un vacío legal que tenemos porque hoy, en un caso de corrupción, el gobierno puede sancionar al empresario que paga el soborno, al funcionario que lo recibe pero no a la empresa en sí misma como persona jurídica. Cuando, muchas veces, el acto delictivo está decidido y planificado en la cúpula empresarial y no en la decisión individual y a ciegas que pueda tomar un gerente. Eso se ve no sólo en la trama del grupo Odebrecht, si no que se observa como un patrón de gestión empresarial en firmas, como la estafa cometida en su momento por el holding IBM, o más cerca por el grupo Skanska, cuyo accionar ilícito llegó a la tapa de los grandes diarios. Recapitulando, la normativa viene a tapar una laguna jurídica pero, y eso nos preocupa, hay artículos del proyecto que eximen de pena a las empresas a cambio de compromisos muy difusos y poco lesivos a sus intereses.

Primero, observamos que la ley contemplaba lo que se llama programas de integridad. Esa figura, básicamente, determina que si el sector privado cumple con ciertos estándares de transparencia, como un manual de ética o una línea telefónica de denuncia, puede canjear información de arrepentidos por anulación de penas. Nosotros en el Congreso fuimos muy claros: esos estándares ya son parte de la estructura empresarial en las grandes empresas. No estamos obligando a nada al sector privado si lo conminamos a dar esos pasos. De hecho, la firma Odebrecht cuenta también con un código de conducta. Entonces, que determinada corporación cuente con un manual de ética no va a hacer que deje de cometer delitos fiscales o actos de corrupción. Por suerte, tuvimos el apoyo de varios bloques políticos, lo que generó el retiro de ese apartado en la ley.

Pero, los problemas no terminan ahí. El gobierno presiona mucho para que la figura del arrepentido vuelva a facilitar el intercambio de información por prescripción de penas. Entonces, nuevamente, entendemos que ese mecanismo, que busca poner luz sobre el sector público, y está bien que así sea, en paralelo brinda cierta ventaja en su proceder al sector privado porque, en caso de aprobarse la ley, un CEO o un alto gerente podría ser omitido de cualquier tipo de castigo por el sólo hecho de otorgar información sobre una trama delictiva en la que ellos mismos fueron parte.

Y eso, además de improcedente, resulta ineficiente porque, así lo estiman varios documentos de especialistas, el volumen de dinero ilegal que circula en el ámbito de las corporaciones sobrepasa por mucho a los flujos ilícitos que orbitan en la esfera estatal. A su vez, por ejemplo, el mercado de la obra pública tiene una dinámica de interrelación muy fuerte con el sector privado. Por eso, nosotros decimos que una nueva ley de responsabilidad penal debe avanzar fuerte en los dos planos: el público y el privado.

Pero, eso no es todo. La Oficina Anticorrupción plantea incorporar una figura denominada “arrepentido administrativo”, por la cual las empresas interesadas en dar información podrían solicitar la retroactividad de la ley con el objetivo de buscar el beneficio de anulación de la pena, lo que implica entrar en colisión con uno de los principios del Código Penal. Además, ese artículo faculta a las empresas “sanear los actos viciados” que, en criollo, implica que dichas firmas puedan mantener el control y administración de los contratos públicos donde están inmiscuidas en algún tipo de delito por la simple cuestión de que contribuyeron con información a los organismos públicos.

Nosotros interpretamos ese artículo, básicamente, como una figura pensada desde el Ejecutivo para intervenir en el caso Odebrecht y así desplazar a los actores jurídicos que, realmente, deben ser parte conductora del proceso de investigación.

-¿Cuándo decís que el Ejecutivo podría intervenir en dicho tipo de casos? ¿Con qué organismo lo haría?

-Lo haría a través de la Procuración del Tesoro. Pero, en definitiva, ante el malestar evidenciado por buena parte de la oposición, el Ejecutivo aceptó introducir modificaciones a ese artículo. A futuro, esa discusión se dará con fuerza en la Cámara de Senadores.

-¿El proyecto plantea mecanismos para la recuperación de activos malversados por parte del Estado?

-Sí, pero consideramos que el espíritu contemplado en la ley no permite recuperar la totalidad del patrimonio público perdido en determinada malversación. En concreto, el proyecto plantea que se puede recuperar, cuando se condena a una empresa, las ganancias del delito.  Y hoy el Código Penal, en el artículo 23, determina que la recuperación de activos no comprende sólo el margen de ganancias obtenido durante el delito si no también la recuperación de las estructuras, ya sean edilicias o logísticas, que se utilizaron durante el acto ilícito.

-Por último, ¿Qué rol puede o debería jugar la sociedad civil para apuntalar la pelea contra la criminalidad económica?

-El rol de la sociedad civil debería ser, en principio, de observatorio y, a su vez, tendría que generar líneas de incidencia en los distintos poderes del Estado y, por qué no, también en el ámbito privado. Lo que yo noto en temas de corrupción y delitos económicos es que las organizaciones de la sociedad civil no están tan articuladas entre sí como sucede en otros tópicos. Por ejemplo, en la agenda de derechos humanos hay más convergencia y poder de acción para solicitar reformas y cambios. Ese debería ser el camino de incidencia a lograr desde la sociedad civil para que el Estado recupere músculo e inteligencia en el combate contra la corrupción.

* Emiliano Guido, periodista argentino.

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